Columna de Claudia Barahona Chang · Publicada en El Ciudadano
Entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre, el Ministerio de Justicia dictó 56 decretos que rebajaron la condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, y rechazó una sola solicitud. Ninguna de esas rebajas fue ordenada por un tribunal. La autora recuerda que la Ley 21.421 excluyó expresamente de ese beneficio a quienes abusan de menores, y pregunta por qué, ante la duda jurídica, el Gobierno resolvió una y otra vez a favor del condenado y no del niño.
Advierte que la medida revictimiza a las familias que sostuvieron años de juicio, contradice el plan «Chile Cuida a los Niños» y se suma a los recortes del Presupuesto 2027 en Becas TIC, Junaeb y Liceos Bicentenario. Exige que el Congreso conozca cada decreto y quién lo firmó: la infancia no puede seguir siendo la primera en la fila de los recortes ni la última en la fila de la justicia.
